El Gobierno regula el sector energético con el objetivo de que sea cien por cien renovable en 2050

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley para impulsar las energías renovables y convertir al sector en motor de la recuperación económica e industrial tras la crisis del COVID-19, con el objetivo último de que España obtenga toda su electricidad de fuentes sostenibles antes del año 2050.

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha afirmado que el impacto de las medidas aprobadas no se limitará solo al sector energético, por ejemplo con la reducción de la dependencia de fuentes de energía importadas y el ahorro en el recibo de la luz. «Las energías renovables son ya de hecho la fuente de generación de electricidad más barata», ha dicho. La ministra ha señalado que también se mejorará la competitividad, desarrollo y modernización de la industria, se creará empleo sostenible y de calidad ligado al territorio, y se mitigará el cambio climático.

La «inversión verde», ha defendido Ribera, es una de las grandes prioridades de la Unión Europea y del Gobierno: «España está preparada y en condiciones de poder aprovechar esta nueva revolución industrial».

La ministra ha destacado que nuestro país está en una posición inmejorable, no solo por sus condiciones climatológicas -vientos mediterráneos y atlánticos y horas de sol por encima de la media mundial- sino también porque el sector de las renovables está consolidado, es innovador y cuenta con gran capacidad de crecimiento.

Según los datos aportados por la ministra, en los últimos 10 años el coste de instalar un panel fotovoltaico se ha reducido en España en más de un 80% y, en consecuencia, el precio al que se vende la energía que genera se ha reducido en un 94%. La industria española ya es capaz de fabricar casi la totalidad de los elementos de un aerogenerador, el 65% de los componentes necesarios para que funcione una instalación solar y el 90% de los bienes de equipo necesarios para digitalizar las redes y garantizar la integración de las renovables en el conjunto del sistema energético.

Freno a la especulación, nuevo sistema de subastas y almacenamiento

Pool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaEl Real Decreto-ley persigue establecer un marco legal seguro y actualizado que garantice certidumbre y estabilidad en el sistema energético, ha manifestado Ribera. Uno de sus objetivos es poner freno a la especulación asociada a los permisos de conexión a las redes eléctricas, para lo cual establece un calendario obligatorio de cinco hitos que todo promotor ha de cumplir o, de lo contrario, caducará de inmediato su permiso de conexión.

Por otro lado, se ha diseñado un nuevo sistema de subastas que sustituye al vigente desde 2013, que ha quedado obsoleto: «Entonces fue concebido pensando en que generar 1kw/hora renovable costaba más que el precio al que luego se vendía en el mercado y la situación actual es justo la contraria», ha explicado Ribera.

El sistema actual ofrecerá al promotor un precio por la energía a largo plazo de forma que garantice la previsibilidad y estabilidad de ingreso a los inversores y les permita, cualquiera que sea su tamaño, participar en igualdad de condiciones. Otra ventaja, ha apuntado la ministra, es que trasladará al consumidor los ahorros derivados de la producción de electricidad procedente de fuentes renovables.

El almacenamiento queda también regulado en la nueva norma, de forma que una planta podrá emplear en un momento posterior la energía producida, y también se incorpora la hibridación de tecnologías renovables en una misma ubicación para ahorrar costes de red y minimizar el impacto ambiental.

Reducción del impacto del COVID-19 en el sector

Teresa Ribera ha reconocido que la crisis sanitaria causada por el coronavirus ha tenido un impacto en el sector al alterarse los valores de los precios del mercado eléctrico y de los derechos de emisión de CO2.

Por ello, ha apuntado, se han fijado medidas para que las instalaciones acogidas al régimen retributivo específico cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible (cogeneradores, gestores de lodos y de residuos) cuenten con una retribución recalculada. Asimismo, con el fin de garantizar la liquidez del sistema eléctrico, se habilitará el uso del superávit de ingresos para cubrir eventuales desajustes y desviaciones entre ingresos y costes del sistema de 2019 y 2020.

Transición justa y movilidad sostenible

La ministra ha defendido la necesidad de que los proyectos de energía renovable lleguen a aquellas zonas donde se va a producir el cierre de centrales de carbón que ya no son sostenibles económicamente, para lo que se prevén acciones que fomenten esta transición.

Respecto a la movilidad sostenible, las infraestructuras necesarias para crear estaciones de recarga ultrarrápida de vehículos eléctricos en carreteras, autovías y autopistas se declaran de utilidad pública.

Las entidades locales podrán utilizar hasta 100 millones del superávit municipal para adquirir vehículos de bajas emisiones, y la segunda edición del Plan MOVEs, aprobada la semana pasada, incorporará la posibilidad de que puedan acceder a sus ayudas los particulares que compren motocicletas eléctricas.

Otras medidas medioambientales

Las bonificaciones en el impuesto de sociedades a actividades de innovación tecnológica en plantas industriales de automoción se incrementan del 12 al 25% y la vigencia del Fondo Nacional de Eficiencia Energética se prolonga hasta 2030.

El Ejecutivo también ha autorizado al Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía la convocatoria de ayudas por valor de 20 millones de euros para instalaciones de energía solar fotovoltaica en Canarias.